Debate: Restricción a la venta de licor después de las 11:00 p.m.

El miércoles 17 de agosto de 2011 se llevó a cabo en el Concejo de Bogotá en la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público, el debate de control político sobre “el impacto del Decreto 263 de 2011”.

En primera instancia el objeto del debate se centro en analizar el impacto a nivel social y económico de la entrada en vigencia del Decreto 263 "Por el cual se adoptan medidas de policía para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana y la protección de los derechos y libertades públicas en Bogotá D.C. y se dictan otras disposiciones". Los citantes al debate solicitaron a la administración distrital informar los estudios que permitieron al Distrito tomar la decisión de prohibir la venta de licor y bebidas embriagantes a  partir de las 11:00 PM, hasta las 10:00 AM del día siguiente en almacenes de grandes superficies comerciales, supermercados, licorerías, cigarrerías, estancos, salsamentarías, confiterías, fruterías, panaderías, tiendas de barrio, galleras, canchas de tejo y billares.

De esta manera la administración argumentó que según estudios realizado por el Centro de Estudios y Análisis de Convivencia y Seguridad Ciudadana –CEACS-, se ha encontrado que buen número de delitos, en especial los homicidios comunes, homicidios en accidentes de tránsito, lesiones comunes se producen en el horario de restricción que establece la norma.

En cuanto al impacto económico,  Secretaría de Desarrollo Económico manifestó a la fecha no poseer información de la dinámica actual de esta mercado debido a que el Decreto comenzó a aplicarse a partir del  23 de junio. En cuanto a información del sector informó que de acuerdo al censo de 2005, para esa época  existían 360 mil negocios de las cuales, poco más de 7 mil  venden bebidas alcohólicas.

De este modo, quedo en evidencia que se están presentando una serie de eventos en los cuales se esta violando la norma tales como el cambio de actividad en la Cámara de Comercio o funcionamiento de los establecimientos a puerta cerrada, con lo cual queda en evidencia que el gobierno Distrital no tiene el control absoluto en el cumplimiento de esta norma.