Un reforma antiredistributiva

La reforma tributaria presentada por el ministro Cárdenas en el 2014 fracasó en su objetivo de construir un país más justo. Hoy, ante la difícil situación fiscal, el Gobierno propuso una nueva, ya no para reducir la desigualdad, sino por la necesidad de cubrir el déficit presupuestal.

No podemos olvidar que ad portas de presentar la anterior reforma, el presidente Santos dijo: “tenemos recursos suficientes, no necesitamos más recursos, pero queremos hacer una reforma al sistema tributario porque…. Colombia es el séptimo país más desigual del mundo”.

Actualmente, el coeficiente de Gini sigue igual y contrasta con el de los estados de la Oecd que, según la Cepal, en promedio se reduce 17 puntos al aplicar tributación redistributiva. En nuestro país, el indicador se quedó estático ¿Qué pasó?

En su momento, el Gobierno consideró que la mejor manera para lograr justicia social era haciendo “chillar” a los ricos. Hoy, las empresas pagan una de las tasas más altas del mundo. El Foro Económico Mundial reveló un estudio sobre competitividad que ubicó a Colombia en el sexto peor lugar.

Hoy es claro que se les fue la mano con las empresas y que falló en disminuir la desigualdad. Violó la regla básica que estipula que las tasas tienen un punto óptimo, después del cual una mayor, genera menor recaudo total. Ahora, propone reducir la tasa que pagan las compañías al 32% buscando llegar a un estado ideal de tributación.

Este es un buen primer paso, pero lleva a otro problema que es el trato injusto que recibirán, ya que una mediana pagaría la misma tasa que una grande.

Además, el argumento del Ministro de que existirá redistribución, al tasar los dividendos, es engañoso pues al cobrarlos a personas naturales, fácilmente estos terminarán de sociedad en sociedad y nunca se tributarán. Pueden terminar siendo los pequeños inversionistas los más afectados al tener que pagarse tales dividendos directamente para subsistir.

La propuesta de eliminar la exención para los proyectos de vivienda de interés social también tendría efectos negativos. La redistribución del ingreso no solo consiste en quitarle recursos a los más ricos, sino de saberlos reinvertir en programas eficientes y exitosos, como el que se ha adelantado en los últimos años en esta materia.

Otro problema es el incremento del IVA. Más que un grito populista, oponerse al alza por razones redistributivas es totalmente adecuado, pues se trata de un impuesto que no es progresivo ya que ricos y pobres pagan la misma tasa. Una gran injusticia. Como dijo Piketty en su visita a Colombia: este tipo de impuestos empeora la desigualdad. A esto se le suma afectos negativos para la clase media como el impuesto de renta a los asalariados y el impuesto a la gasolina.

El gran enfoque para mejorar el recaudo tributario debería ser la reducción del contrabando, la elusión y la evasión. Recientemente Juan Ricardo Ortega me comentó que no se tomaron medidas duras para controlar a personas naturales que evaden y reflejo de esto fue que “cambiaron los equipos de fiscalización”.

El ministro Cárdenas se está jugando su legado. Como escribió Weber hace un siglo: en el servicio público no bastan las buenas intenciones y se debe actuar de acuerdo con una “ética de responsabilidad”; es decir, se deben juzgar a las personas por los resultados finales.

La triste realidad es que la reforma del 2014 no logró mejorar el Gini. Si se aprueba la actual tal como fue propuesta, lo más probable es que empeore la desigualdad. Un nefasto resultado en uno de los países más inequitativos del mundo.