¿Intervenir Venezuela?

Una intervención militar en Venezuela es improbable y, por ahora, indeseable.

Tras las desgarradoras imágenes que llegan desde Venezuela, muchos se preguntan por qué ningún país u organismo internacional ha intervenido militarmente. Jurídicamente no es fácil y en este momento no es deseable.

Vivimos en un mundo anárquico lo cual significa que no existe una institución supranacional que tenga la autoridad y el monopolio de las armas sobre todos los países.

Nadie ejerce ese rol. Algunos piensan que la ONU desempeña dicha función, lo que es desacertado. Esa entidad es una asociación global de estados que tiene grandes deficiencias para operar a semejanza de una policía mundial: no posee ejército, territorio, ciudadanos, ni ingresos propios. La OEA, en el ámbito regional, tiene las mismas carencias.

Hoy en día rige el concepto de libre autodeterminación de los pueblos. Bajo este principio, incidir en los asuntos internos de Venezuela o de cualquier otra nación, es complejo.

Intervención militar por razones diferentes a derechos humanos

Existe también la posibilidad de que la ONU, previa autorización del Consejo de Seguridad, permita una intervención militar si la paz de la región está en riesgo.

En el caso particular de Colombia, y tras los recientes anuncios de Maduro sobre tropas en la frontera y sus posteriores amenazas, otro tipo de intervención legítima se podría dar en defensa propia, de acuerdo con el artículo 51 de la carta de Naciones Unidas. No obstante, implicaría un enfrentamiento con el vecino país. Este es el peor de todos los escenarios.

Adicionalmente, el gobierno de Trump podría tomar medidas militares unilaterales en Venezuela como lo hizo recientemente en Siria. Una acción de este tipo es indeseable aún si es motivada por razones loables como los derechos humanos. La razón es que abriría la puerta a futuras intervenciones en la región que no cumplan con los procesos establecidos por la comunidad internacional.

Intervención por violación de derechos humanos

Durante el mandato de Kofi Annan, tras varias tragedias como la ocurrida en Ruanda, se impulsó la política de Responsability to Protect, conocida como R2P. Esta asigna una mayor responsabilidad a la comunidad internacional respecto a ciudadanos indefensos en casos de genocidio, crímenes de guerra, limpieza étnica y crímenes de lesa humanidad.

Actualmente, es posible intervenir militarmente ante violaciones de derechos humanos, como el caso de Venezuela. Sin embargo, para que esta sea legítima se requiere que ninguno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU se oponga, con base en el reconocido “capítulo VII”. A pesar de la loable motivación, esta doctrina es controversial.

Lograr la aprobación de una intervención militar legítima es difícil, pero aún más complejo es responder a cuál sería el propósito y la meta de tal intromisión.

El caso de Libia

Esta pregunta es la que hoy posiblemente detiene a la comunidad internacional. Una nación desarrolla instituciones a través de siglos de pujas de poderes y si estas se violentan de manera externa, se generan vacíos que tomarían décadas en ser atendidos.

Por ejemplo, el régimen de Gadafi, en Libia, fue derrocado tras una intervención militar autorizada por el consejo de seguridad. El bombardeo logró inicialmente prevenir la inminente masacre en Benghazi, pero seis años después ese país es un estado fallido.

Hoy existen tres gobiernos diferentes y ninguno logra la suficiente autoridad para ejercer como órgano oficial. No hay una institución que tenga el control del territorio y a diario se viven violentos enfrentamientos entre decenas de milicias, pandillas y, en algunas zonas, tribus nómadas. A raíz de esta experiencia, Rusia, miembro permanente del Consejo de Seguridad, anunció públicamente que no apoyaría ninguna injerencia que buscara algún cambio de gobierno.

Es ingenuo asumir que una intervención militar en Venezuela lograría una rápida transición de poder. Por el contrario, esta acción llevaría a la cúpula chavista, arropada por las fuerzas armadas, a arreciar aún más la violencia. No se puede olvidar que el monopolio de las armas en Venezuela lo tiene el gobierno. La oposición, por su parte, siempre ha mantenido un discurso y una estructura de lucha pacífica.

Presionar una salida democrática, la mejor opción

Pese a los abusos que se cometen en el hermano país, sería mejor, para el ciudadano promedio, una transición democrática. La simple amenaza de una intervención foránea, sumada a las multitudinarias marchas y la presión de la OEA que ha condenado lo que está pasando invocando la carta democrática (dicha carta no contempla la posibilidad de intervenir militarmente), podría llevar a una solución de esta naturaleza, lo cual sería un escenario óptimo dentro de este terrible panorama.

Si las partes no llegan a acuerdos o no encuentran una salida alterna, y si continúan las violaciones a los derechos humanos, se deberán activar los mecanismos mencionados. Eso sí, una intervención militar terminaría de destruir lo poco que queda de las instituciones venezolanas. Una difícil decisión.

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